Hace casi dos meses que fue decretado el cierre patronal (lockout). Una discusión económica legítima -repito, legítima-, pero casi inmoral teniendo en cuenta los duros tiempos que viven los ciudadanos, ha paralizado la liga. Las partes, es decir, jugadores y propietarios, no han logrado llegar a un acuerdo en el reparto de un negocio que supera los 9.000 millones de dólares por una diferencia inferior al 10%. Pasaron de puntillas por las sesiones de negociación, más preocupados por mostrar la firmeza de sus posiciones que no en llegar a un acuerdo -¿acáso lo intentaron en algún momento?-, y prefirieron judicializar el asunto.
